En defensa (o no tanto) de la universidad pública

En defensa (o no tanto) de la universidad pública

Una serie de afirmaciones, al diario Página/12, del funcionario a cargo de la recientemente creada cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dr. Lino Baraño, motivaron la respuesta de un conjunto de docentes, investigadores e intelectuales.

Una de esas respuestas fue la de Atilio Borón, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y ex Secretario Ejecutivo de CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales). Con el objetivo de refutar la afirmación de que las ciencias sociales no eran las cenicientas del presupuesto nacional destinado a la investigación científica, ya que contaban con igual cantidad de recursos, Borón señala como ejemplo de una situación más que desigual, la cantidad de docentes de dedicación exclusiva de la Facultad de Ciencias Sociales en comparación con la de Ciencias Exactas: “Mientras que en el primer caso se trata de una cifra ínfima, en el segundo abarca, y en buena hora, a la casi totalidad de su planta profesoral”.

Otro de los argumentos que esgrime Borón para desautorizar a Baraño es “la articulación existente entre el sector privado, e inclusive las agencias del Estado, y los investigadores: mientras que en el caso de Sociales esa vinculación es prácticamente inexistente, en Exactas constituye un importante –atención al eufemismo- vehículo de reforzamiento presupuestario”.

En la misma nota, líneas más arriba, había afirmado que “nuestro sistema es paupérrimo por comparación a nuestros vecinos subdesarrollados, y esto debería convencer al ministro de que su primerísima tarea será lograr que las abultadas arcas del Tesoro nacional se dignen a financiar como se debe el sistema científico y universitario”

¿En qué quedamos Borón? ¿Es el Estado o el mercado quien debe financiar la investigación y la docencia?

Contradicciones del progresismo argentino en ¿defensa? de la universidad... ¿pública?

Ni lo mismo ni tan diferentes

Cristina y Mauricio, unidos por el espanto

Hace unos meses, durante la conferencia de prensa en la que anunciaba su triunfo en las elecciones a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri arremetió directamente contra los trabajadores docentes cuando afirmó que serían reconocidos aquellos docentes que trabajaran todos los días o no estuvieran todo el año de licencia.

El último lunes, durante su discurso de asunción, la nueva presidenta -como le gusta hacerse llamar-, Cristina Fernández, eligió el mismo camino: atacar las formas de protesta de los docentes y dudar de su nivel profesional para estar al frente del aula. Destacó que ella era hija de la escuela pública, donde había clase todos los días y donde los maestros sabían más que los alumnos.

“No sé por qué no llegan”

“No sé por qué no llegan”

Dos de los ganadores del concurso “Periodistas por un día” -organizado por el programa Escuela y Medios del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación-, le plantearon al ministro Filmus, durante la ceremonia en la que recibieron sus premios, la situación desesperante de los trabajadores rurales infantiles que no pueden concurrir a la escuela porque deben colaborar con el sustento económico de sus familias.

Matías Cabrera y José Ledesma, alumnos del colegio N° 25 de Alijilán, en el departamento Santa Rosa de Catamarca, señalaron: “Les traemos el reclamo de ellos: quieren estudiar. Son chicos que traban en condiciones de alto riesgo, muy expuestos a problemas de salud. Cargan sobre sus espaldas mochilas de 30 kilos con insecticidas, herbicidas y fertilizantes, y muchas veces se infectan y sufren enfermedades" (La Nación, 20-09-07). Cuando tomó la palabra, Filmus no pudo evitar referirse al tema y manifestó su sorpresa: “Nosotros tenemos programas de asistencia, pero no sé por qué no llegan a esa zona” (Idem).

Uno de los programas a los que hacía referencia el ministro de la cartera educativa es “Volver a la Escuela”, y contempla una ayuda financiera de $400 pesos anuales, o sea, menos de $40 pesos por mes, por chico. Una cifra que provoca indignación y que convierte en anecdótica la diferencia entre si llega o no la asistencia del estado.

Educación "nacional y popular"

Educación “nacional y popular”

Una muestra más de cómo se defiende la educación pública argentina. En el mismo momento en los docentes de seis provincias están o estuvieron recientemente de paro por reclamar mejoras salariales, cuando las escuelas porteñas se caen a pedazos, mientras hay jubilados docentes que no perciben el 82% móvil sino menos de la mitad del sueldo que recibían como maestros, mientras existen decenas de miles de docentes universitarios que trabajan sin salario, al mismo tiempo que varias facultades declaran la emergencia presupuestaria por no disponer de los fondos necesarios para funcionar normalmente, mientras una docente santacruceña agoniza pro la salvaje agresión de un funcionario del riñón presidencial. En este contexto, el gobierno nacional, que no da respuestas a ninguna de los reclamos de los trabajadores de la educaicón, anuncia con bombos y platillos –en el acto estuvieron presentes el Ministro de Educación, Daniel Filmus, y la candidata a presidenta por el oficialismo, Cristina Kirchner-, que la universidad privada más grande de los Estados Unidos, la Universidad de New York, inaugurará una sede en nuestro país. Todo un gesto político de parte de un gobierno que dice defender los intereses nacionales y que se preocupa por el bienestar de las clases populares.

Reformas tramposas

Reformas tramposas

No hizo falta mucho tiempo para que la Ley de Financiamiento educativo mostrara su verdadera cara. La dirigencia sindical que apoyó la norma hoy plantea la necesidad de reformar una ley que tiene menos de dos años demostrando su incapacidad y limitación política.

Ya lo habíamos anunciado. La Ley de Financiamiento Educativo era una trampa estructural e ideológica. Estructural, porque postergaba hasta el 2010 el incremento del presupuesto educativo cuando los recursos hoy ya están disponibles (superávit fiscal) y subordinaba este aumento presupuestario al acuerdo o no entre las castas de los gobiernos nacionales y provinciales por intermedio de la coparticipación federal. Ideológica, porque la sanción de esta ley le permite hoy al gobierno y a su candidato en la ciudad de Buenos Aires explotarla en su propio beneficio con el objetivo de ganar adeptos para las elecciones del 3 de junio y para las nacionales de octubre. Ideológica también porque operó como un freno y un quiebre para las luchas de los docentes que depositaron sus esperanzas en un nuevo marco legal que por fin diera respuestas a sus justos reclamos.

Cuando esta ley fue promulgada, los dirigentes sindicales que militaron su sanción, los mismos que hoy son repudiados por las asambleas docentes e insultados en todas las movilizaciones, decían: “Es un hecho histórico: volver a tener al Estado nacional como cogarante del financiamiento de la escuela pública" (Yasky, CTERA); "Con esta ley la provincia de Buenos Aires tiene la posibilidad de avanzar" (Baradel, SUTEBA). Un comunicado de la CTERA, señalaba: “Expresamos nuestra satisfacción ante este trascendental hecho que permitirá comenzar a superar el proceso de pauperización al que fue sometida la escuela pública a partir del gobierno menemista y que se materializó en una nefasta Ley Federal de Educación que provocó la mayor fragmentación y desigualdad que haya vivido la educación pública argentina”.

A pesar de las numerosas críticas que recibió la nueva normativa, la burocracia sindical, aliada y cómplice del gobierno, hizo oídos sordos. Hoy, a sólo 15 meses de su promulgación, mientras se suceden conflictos en varias provincias, con la mayoría de los docentes descontentos y la dirección de CTERA cuestionada por su política de abandono y aislamiento de las luchas provinciales, Hugo Yasky planteó en la edición del diario La Nación que sino se debate el tema de la coparticipación se necesitará la "reformulación de la ley de financiamiento educativo". Además, afirmó que se debería empezar a discutir el año que viene, "para tener definido el tema en 2009 y aprobar a fines de ese año una nueva ley de financiamiento". Sí, una nueva ley a sólo meses de haberse sancionado aquella que ellos reclamaban ¿Acaso no decían ellos que estábamos frente a un “hecho histórico”, un “hecho trascendental” que permitiría dejar atrás “el proceso de pauperización al que fue sometida la escuela pública”?

Ante la evidente incapacidad de previsión de los dirigentes sindicales, la periodista le señaló al actual Secretario General de la CTA si ellos no habían estimado que la ley de financiamiento no bastaría para cumplir con las metas: “Lo veíamos -respondió Yasky-, pero creemos que primero debe estar la definición política de qué educación queremos y, en función de eso, garantizar los recursos, y no al revés, como siempre se hizo”. Que se haya hecho al revés, ¿significa que siempre se garantizaron los recursos? ¿El problema entonces era la ausencia de una definición sobre “qué educación queremos”? La educación que queremos no la vamos a obtener de un gobierno corrupto y represor que acumula reservas en el Banco Central a costa del hambre de los trabajadores ni de los dirigentes sindicales especializados en la conciliación permanente cuya moneda de cambio son las reivindicaciones de quienes están frente al aula todos los días.

El silencio es… complicidad

Los principales medios del Grupo Clarín no mencionaron la instalación de la Carpa Educativa de los docentes universitarios frente al Ministerio de Educación. En cambio, el principal matutino del grupo publicó una columna de opinión del gobernador Sobisch sobre la crisis educativa.

Ayer, en el marco de un paro por 48 hs., los docentes universitarios de la CONADU Histórica instalaron frente al Ministerio de Educación de la Nación una Carpa Educativa que durará hasta la noche de hoy. Allí, afrontando las dificultades climáticas, durante todo el día y hasta muy entrada la noche, se realizaron numerosas actividades. Tanto el interior de la carpa como gran parte de la superficie de la plaza estuvo ocupada por diversas clases públicas, de varias carreras de la Universidad de Buenos Aires, a las que asistieron cientos de alumnos. Se proyectaron vídeos sobre la lucha de diferentes grupos sociales y políticos, destacándose el realizado por docentes neuquinos sobre la muerte del profesor Carlos Fuentealba. Hubo muestras artísticas de alumnos y docentes del Instituto Universitario Nacional de Artes (IUNA). Se instalaron varias mesas donde se podía firmar el petitorio para apoyar el proyecto de ley que establece el 82% móvil para la jubilación docente –como lo garantiza la Constitución Nacional-. Además, se recibieron numerosas muestras de apoyo por parte de diversos sectores sociales y políticos, como así también la solidaridad de los vecinos de la zona y de cientos de personas que pasaban por las cercanías de la carpa y se acercaban a interiorizarse de los reclamos docentes o a escucharlos hacer lo que mejor hacen, dar clases.

Ante una medida de estas características, la principal empresa multimediática de nuestro país, el Grupo Clarín, no emitió imagen alguna ni dijo una sola palabra sobre el hecho. Ni Canal 13, ni radio Mitre, ni Clarín.com en ninguno de sus programas, flashes informativos o actualizaciones virtuales dieron espacio a una de las informaciones más importantes del día. En cambio, en su edición de ayer, “el gran diario argentino” publicó una columna de opinión del Gobernador de Neuquén y principal responsable político del asesinato del profesor Carlos Fuentealba, Jorge Sobisch, donde explica las causas de la crisis educativa de las provincias.

Al contrario de lo que afirma el sentido común, la mayoría de las veces el silencio no es salud sino complicidad.

¿Se acuerda de las escuelas boucher?

El director del Instituto Di Tella, Alieto Aldo Guadagni, plantea la necesidad de implementar mecanismos de evaluación como una medida imprescindible para mejorar nuestro sistema de enseñanza. Detrás de la propuesta se esconden los planes de los organismos de crédito internacionales destinados al sector educativo.

El director del Instituto Di Tella –y ex representante de la Argentina ante el Banco Mundial-, Alieto Aldo Guadagni (La Nación, 19/04/07), plantea la necesidad de implementar mecanismos de evaluación de la calidad educativa como una medida imprescindible para mejorar nuestro sistema de enseñanza. Pero ¿qué se oculta detrás esta propuesta? Veamos.

El autor parte de una suposición: “La difusión de los resultados de este examen (una evaluación obligatoria a todos los alumnos que terminan el secundario y quieran entrar en la universidad) por escuela secundaria sería un claro acicate para mejorar la calidad de las deficientes”. El autor lamenta que no se apliquen estas pruebas en ninguna provincia argentina y afirma que la razón principal para no hacerlo es el temor a que se conozcan las deficiencias educativas de las escuelas. Precisamente, si la sociedad se enterara de esos datos se generaría “una presión social para mejorar las numerosas escuelas que hoy son deficientes (2/3 parte del total, o sea, alrededor de 4000)”.

La evaluación de la calidad educativa de las escuelas y la difusión de sus resultados tienen otros objetivos. Lejos de tender a que todas las escuelas brinden calidad educativa, se pretende estimular la competencia entre las instituciones -concebidas como proveedoras de servicios educativos- para que se disputen entre sí una parte del mercado respectivo. Así, las escuelas que hoy son consideradas como las mejores serían las más elegidas, debido a eso obtendrían más recursos ya que contarían con más inscriptos. De esta manera se conformaría un círculo vicioso que sería imposible de quebrar, y que a su vez provocaría la reproducción y profundización de un sistema educativo que ya es extremadamente desigual.

Como ya habrá advertido el lector, se trata ni más ni menos que del regreso enmascarado de las escuelas boucher. Pero Guadagni olvida que la educación es un derecho universal, no es un servicio y los alumnos no conforman un mercado de usuarios que haya que disputarse; por el contrario, se le debería garantizar el acceso a una educación de calidad, vayan a la escuela que vayan, esté ubicada en el distrito que esté.

No es casualidad, entonces, que otra de las críticas del autor vaya dirigida al centralismo burocrático que, como modelo organizacional, estaría obstaculizando una mejora radical del sistema educativo: “Este modelo centralista-burocrático genera el atraso educativo y, además, impide impulsar la movilidad social ascendente”. Por supuesto, para que las escuelas compitan entre sí es necesaria la descentralización del sistema. Pero la descentralización que propone el autor los argentinos ya la hemos experimentado, y la continuamos padeciendo: una descentralización sin recursos. Precisamente la autonomía de acción de las escuelas les permitiría buscar financiamientos alternativos y el fin de la educación pública estaría a la vuelta de la esquina.

Padres que presionan a las escuelas, instituciones que compiten entre sí. Una política de estas características aplicada al ámbito educativo no puede llevarse a la práctica sin fragmentar a la comunidad educativa para debilitarla en sus reclamos al estado. Para eso también hay que dividir a los docentes mediante la promoción de escalas salariales diferenciadas: “A partir de esta evaluación se pueden introducir nuevos incentivos salariales para aquellas escuelas que mejoran sistemáticamente su calidad, ya que es indispensable reconocer con el salario justamente a quienes mejoran la enseñanza”. Los docentes quedarían reducidos a proveedores de un servicio y gran parte de la política educativa a un índice de comisión por venta.

Plantear que la clave del deterioro de la educación argentina reside en la ausencia de mecanismos de evaluación es abstraer el problema de las condiciones que lo provocan. Una propuesta de evaluación de la calidad de la educación mientras los docentes están reclamando lo mínimo indispensable para llegar a fin de mes, donde a muchas de las familias de los alumnos apenas si sus ingresos les alcanzan para comer, donde los edificios escolares están en pésimas condiciones y la falta de materiales e insumos es una constante; proponer esto y no mencionar nunca en las más de sesenta líneas que tiene la nota la palabra presupuesto, sin duda tiene otros objetivos. En definitiva, se trata de volver a introducir en el imaginario social los planes de los organismos de crédito internacionales para el sector educativo, o sea, la lógica del mercado y la (falsa) competencia aplicada a la educación.

Deserción Escolar: La culpa es de los paros

Deserción Escolar: La culpa es de los paros

En una de sus editoriales del día 4 de abril, el diario La Nación nuevamente arremetió contra los docentes que reclamaban mejoras salariales en diversas provincias. No es ninguna novedad que los medios masivos de comunicación se escandalicen ante la protesta de cualquier conjunto de personas organizadas. En el caso de esta editorial, la novedad radica en que se responsabiliza a los docentes de una de las problemáticas más acuciantes de nuestro sistema educativo.

El título de la editorial, “Paros docentes y deserción escolar”, sintetiza el objetivo del diario: responsabilizar a las huelgas docentes, por lo tanto a los docentes, de los altos niveles de deserción escolar que sufre el sistema educativo de nuestro país. El segundo párrafo de la nota señala que “la repetición de los conflictos actúa también como estímulo no deseado para la deserción escolar”. La nota continúa con uno de las fórmulas preferidas de la prensa para condenar cualquier protesta de los trabajadores de la educación: “los niños no tienen la culpa de esas disputas (salariales) que, ciertamente son incomprensibles para muchos de ellos”.

Vayamos por partes. Que los chicos no tienen la culpa, por supuesto, pero los maestros tampoco. Los responsables están en otro lado. No es posible continuar enseñando mientras se perciben salarios por debajo de la canasta familiar, en escuelas destruidas y sin los materiales adecuados. Y no es posible, sobre todo, si lo que se quiere es brindarles a esos chicos una educación de calidad, precisamente lo que cualquier maestro en huelga desea. Muchas veces se olvida, o no se quiere recordar, que las condiciones de trabajo de los docentes son las condiciones de aprendizaje de los alumnos. Por otro lado, plantear como argumento que las huelgas serían ilegítimas porque los chicos no comprenden las razones de las disputas, constituye una subestimación de los alumnos que sufren en sus propias familias las postergaciones de sus derechos.

La preocupación de La Nación radica en que “cada día que pasa se acrecienta la brecha entre quienes gozan del privilegio de recibir una educación sin sobresaltos y aquellos condenados a la incertidumbre permanente”. El texto parece interpelar cierto imaginario social que suele relacionar “educación sin sobresaltos” con la gestión privada y “la incertidumbre permanente” con la educación pública. Más adelante, La Nación afirma que ante los elevados niveles de deserción escolar es “el Estado el que tiene que actuar con sus recursos”. Articulando ambas apreciaciones, lo que omite mencionar el diario es que “la incertidumbre permanente” se produce, en gran parte, porque el Estado destina una buena porción de los fondos públicos a las escuelas privadas, muchas de la confesión católica que tanto defiende La Nación –ni que hablar de los sueldos que perciben seminaristas, curas y obispos-.

Sabemos que el diario como totalidad transmite un mensaje que se va construyendo con una serie de significaciones que cada noticia contiene y se sobredeterminan unas con otras. Una vez leída la editorial, en la sección Cultura aparece la cobertura de un bochazo masivo en el examen de ingreso a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata. Parecería que La Nación tiene como objetivo que el lector construya una cadena de sentido, que podríamos traducir así: los docentes paran, por lo tanto hay pocos días de clases; si hay paro los alumnos dejan la escuela, pero si hay pocos días de clase los que continúan asistiendo reciben una formación deficiente que les impide ingresar a la universidad. Los docentes pasan, de un plumazo, de ser victimas de una situación de postergación histórica a ser los únicos responsables del calamitoso estado de la educación argentina.

Pero no sólo el diario juega una función simbólico-ideológica en tanto texto conformado por distintos signos y códigos. La función del diario cobra su sentido más importante en tanto dice de cierta manera algunas cosas en un momento específico. No es un dato menor que el mismo día en que La Nación publicaba la editorial que hemos comentado, una granada de gas lacrimógeno lanzada por la policía neuquina le despedazaba la cabeza al profesor Carlos Fuentealba. A veces, la historia sola se encarga de poner blanco sobre negro respecto del papel que juegan los medios masivos de comunicación ante la protesta de los sectores populares.

Inclusión Educativa

Inclusión educativa

¿Cuáles son las políticas llevadas adelante por el gobierno nacional tendientes a reducir la “deserción” escolar? ¿Qué recursos destina el mismo gobierno a estos programas teniendo en cuenta que dispone de un superávit fiscal estruendoso? Ambas preguntas encuentran un indicio de respuesta en el último número de la revista del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, El Monitor de la educación. Allí, en un pequeño recuadro de una de las notas, se mencionan dos líneas de acción del Programa Nacional de Inclusión Educativa: “‘Volver a la Escuela’ –para chicos y chicas de 6 a 14 años- y ‘Todos a estudiar’, para los de 11 a 18”. Ambas tienen como objetivo brindar ayuda económica para que las niñas y niños de familias con bajos ingresos puedan reincorporarse al sistema educativo. El monto de las becas es de $400… anuales!!! Lo que equivale a… $33,33 por mes!!! Una vergüenza.

¿Nueva Ley Nacional de Educación?

¿Nueva Ley Nacional de Educación?

Finalmente, se sancionó la (¿nueva?) Ley Nacional de Educación y no podíamos dejar de mencionar algunas cuestiones. Sobre todo porque, como era de esperarse, una vez más se hizo a espaldas de la sociedad y de los trabajadores docentes. La nueva norma que reemplazará a la Ley Federal de Educación fue aprobada ayer en Diputados y ya lo había sido el miércoles 6/12 en Senadores. Tamaña responsabilidad social y política les demandó a los (supuestos) representantes del pueblo argentino, unos pocos días. Pudieron hacerlo así –rápido, con un único proyecto para discutir y sin modificaciones- gracias a la farsa del consenso organizada por el gobierno y la burocracia sindical que consistió, básicamente, en una serie de jornadas de discusión y debate desarrolladas en las escuelas entre docentes, padres y alumnos. Supuestamente de allí saldrían los lineamientos generales de la nueva normativa que daría certificado de defunción a la Ley Federal –de la cual Filmus y su equipo técnico fueron asesores-. Donde pudieron realizarse esas jornadas –en muchos establecimientos no se hicieron porque no se recibió el documento o llegó muy tarde-, las críticas al gobierno, a su anteproyecto cargado de eufemismos y reivindicaciones mercantilistas y clericales, y a la metodología de consulta, fueron abrumadoras. Ninguno de los reclamos de la comunidad educativa fue satisfecho. Ninguna de las críticas fue dada a conocer a la opinión pública. Obturadas por los burócratas traidores o ninguneadas por el gobierno y los medios –casi ninguno dijo nada de la multitudinaria Marcha Nacional Educativa del 15/9 en contra del proyecto de Kichner- Filmus-Yasky-, las reivindicaciones docentes sobre su salario, sus condiciones de trabajo y el sistema educativo siguen tan lejos como con la anterior ley. Sabemos que no es una cuestión de una norma u otra sino del sistema y sus gurúes. Y para muestra, en este caso, sólo bastan dos botones de esta ley: cómo se (des)financiaciará el sistema educativo y en qué consiste su (falsa) unificación.
La llave maestra está en los recursos y el Estado nacional sólo financiará una mínima parte del presupuesto educativo. En el país del súper superávit, y al igual que con la Ley Federal, se dejará la mayor parte del presupuesto educativo en manos de las administraciones provinciales, que a su vez dependen del gobierno nacional por medio de la coparticipación federal. En los hechos, esto significa que el sistema educativo seguirá siendo provincial, como también establecía la Ley Federal, y que se seguirán generando desigualdades manifiestas entre cada distrito, ya que la calidad del sistema educativo de cada provincia dependerá del acuerdo de turno entre la camarilla con asiento en la Rosada –la que maneja la caja- y los señores feudales de las provincias -que deciden hacia dónde va cada moneda-. Así, la unificación del sistema educativo constituye sólo una formalidad que continuará haciendo agua por todos lados. Si no, veamos: cada provincia deberá decidir si la secundaria será de 5 o de 6 años y, además, está estipulado que los Institutos de Formación Docente continúen dependiendo de los estados provinciales. En definitiva, ni nueva ni nacional.

Una diversidad monocorde

Una diversidad monocorde


La revista del Ministerio de Educación -El Monitor- se define como un "espacio plural", que expresa "diversidad de voces" y "pluralidad de experiencias", y que se resiste a convertir en "la voz unívoca y monocorde de un Estado central que emite la línea oficial".

Ni siquiera hace falta leer el material para desmentir tal presentación.

En su último número, su directora -Inés Dussel- publica una nota introductoria al dossier sobre niñez contemporánea, reproduce un artículo de su autoría publicado en La Nación y suma su crédito a la entrevista realizada a una investigadora extranjera.

Tres intervenciones en una misma revista -o cuatro, si contamos el editorial compartido con Daniel Filmus; o cinco, seis, siete, ¿todas?, si agregamos al elenco estable de escritores del Ministerio- ¿no son demasiadas? ¿No atentan contra la promocionada diversidad y pluralidad ministeriales?

Fórmula perfecta

Fórmula perfecta

Comprender las normativas que regulan la educación argentina no es sencillo. Entre los tecnicismos legales y los eufemismos lingüísticos, la tarea se hace muy ardua. Por ejemplo, si queremos explicar lo que de verdad significa esta “nueva” ley educativa que se está pergeñando la tarea no es nada fácil. Por suerte, no son pocas las oportunidades en que el dato duro de la realidad se apiada de nosotros y nos allana el camino. La noticia publicada ayer por el diario La Nación va en este sentido. Allí se afirma que la cantidad de colegios privados en la Ciudad de Buenos Aires, y en la provincia, se incrementará en el año 2007 Todos sabemos que el crecimiento de la educación privada –una forma de lucrar con un derecho que debería ser garantizado por el Estado- obedece a la destrucción de la educación pública y gratuita. El crecimiento de escuelas privadas es inversamente proporcional a la debacle de la escuela pública, del salario docente y de las condiciones de trabajo. Porque un incremento en el número de establecimientos significa continuar con la política de desvío de fondos públicos para financiar negocios privados bajo el velo de la subvención (en la Ciudad de Buenos Aires el Estado subvenciona casi la mitad de las escuelas privadas). Subvención estatal más salarios miserables –los de los docentes en este caso-, junto con ingredientes indispensables como la complicidad del gobierno con sus leyes mercantilistas y la traición siempre a mano de la burocracia sindical. La fórmula perfecta de cualquier negocio.

Defendamos la UBA

Defendamos la UBA

En el principio del principio, según cuentan, en la Asamblea Universitaria había alterinistas de un lado y progresistas del otro.
Después, Atilio Alterini, el de la minoría profesoral y la mayoría asamblearia, fue volteado. Y se abrió paso un ¿ex alterinista?, Alfredo Buzzi, a quien los progre saludaron desde su lado.
Después, los alterinistas lo voltearon, porque el tipo les había jugado en contra. Impusieron entonces a Alberto Boveris y, poco después, a Aníbal Franco, al que los progres rechazaron el saludo.
Ahora, después de los tres después anteriores, y frente a la imposibilidad de sostener candidatura alguna, alterinistas y progres llegan a un pacto al que llaman "acuerdo” y proponen a dos kirchneristas: al ¿ex alterinista? Rubén Hallú y al ¿ex progresista? Jaime Sorín.
Todos rechazan a Franco, porque el tipo les había jugado en contra.


Ahora del ahora, la confusión está más clara.
No hay de un lado ni del otro sino un mismo lado, lodo, todos manoseados, nosotros, los ubistas, los que nos defendemos de los estudiantes, esos obcecados que impiden que los lados se unan en un abrazo institucional: alterini atilio schuster federico boveris alberto trinchero hugo anró jorge -el secretario general de apuba que mandó las patotas el 2 de mayo contra los estudiantes- y ricci daniel.

Defendamos la UBA. Pero de los que firman al pie de esa solicitada: ex candidatos de pasado procesista y burócratas sindicales, shuberoffistas viejos y jóvenes K, decanos progres y cómicos, cantantes del otrora partido y peronistas del otrora perón, despistados como siempre, agrupaciones de uno solo como Humberto Tumini, firmantes que no firmaron como la Felipe Vallese y arrepentidos.

De todos ellos –alterinistas progresistas y progresistas de Alterini- temamos lo peor.