¿Se acuerda de las escuelas boucher?

El director del Instituto Di Tella, Alieto Aldo Guadagni, plantea la necesidad de implementar mecanismos de evaluación como una medida imprescindible para mejorar nuestro sistema de enseñanza. Detrás de la propuesta se esconden los planes de los organismos de crédito internacionales destinados al sector educativo.

El director del Instituto Di Tella –y ex representante de la Argentina ante el Banco Mundial-, Alieto Aldo Guadagni (La Nación, 19/04/07), plantea la necesidad de implementar mecanismos de evaluación de la calidad educativa como una medida imprescindible para mejorar nuestro sistema de enseñanza. Pero ¿qué se oculta detrás esta propuesta? Veamos.

El autor parte de una suposición: “La difusión de los resultados de este examen (una evaluación obligatoria a todos los alumnos que terminan el secundario y quieran entrar en la universidad) por escuela secundaria sería un claro acicate para mejorar la calidad de las deficientes”. El autor lamenta que no se apliquen estas pruebas en ninguna provincia argentina y afirma que la razón principal para no hacerlo es el temor a que se conozcan las deficiencias educativas de las escuelas. Precisamente, si la sociedad se enterara de esos datos se generaría “una presión social para mejorar las numerosas escuelas que hoy son deficientes (2/3 parte del total, o sea, alrededor de 4000)”.

La evaluación de la calidad educativa de las escuelas y la difusión de sus resultados tienen otros objetivos. Lejos de tender a que todas las escuelas brinden calidad educativa, se pretende estimular la competencia entre las instituciones -concebidas como proveedoras de servicios educativos- para que se disputen entre sí una parte del mercado respectivo. Así, las escuelas que hoy son consideradas como las mejores serían las más elegidas, debido a eso obtendrían más recursos ya que contarían con más inscriptos. De esta manera se conformaría un círculo vicioso que sería imposible de quebrar, y que a su vez provocaría la reproducción y profundización de un sistema educativo que ya es extremadamente desigual.

Como ya habrá advertido el lector, se trata ni más ni menos que del regreso enmascarado de las escuelas boucher. Pero Guadagni olvida que la educación es un derecho universal, no es un servicio y los alumnos no conforman un mercado de usuarios que haya que disputarse; por el contrario, se le debería garantizar el acceso a una educación de calidad, vayan a la escuela que vayan, esté ubicada en el distrito que esté.

No es casualidad, entonces, que otra de las críticas del autor vaya dirigida al centralismo burocrático que, como modelo organizacional, estaría obstaculizando una mejora radical del sistema educativo: “Este modelo centralista-burocrático genera el atraso educativo y, además, impide impulsar la movilidad social ascendente”. Por supuesto, para que las escuelas compitan entre sí es necesaria la descentralización del sistema. Pero la descentralización que propone el autor los argentinos ya la hemos experimentado, y la continuamos padeciendo: una descentralización sin recursos. Precisamente la autonomía de acción de las escuelas les permitiría buscar financiamientos alternativos y el fin de la educación pública estaría a la vuelta de la esquina.

Padres que presionan a las escuelas, instituciones que compiten entre sí. Una política de estas características aplicada al ámbito educativo no puede llevarse a la práctica sin fragmentar a la comunidad educativa para debilitarla en sus reclamos al estado. Para eso también hay que dividir a los docentes mediante la promoción de escalas salariales diferenciadas: “A partir de esta evaluación se pueden introducir nuevos incentivos salariales para aquellas escuelas que mejoran sistemáticamente su calidad, ya que es indispensable reconocer con el salario justamente a quienes mejoran la enseñanza”. Los docentes quedarían reducidos a proveedores de un servicio y gran parte de la política educativa a un índice de comisión por venta.

Plantear que la clave del deterioro de la educación argentina reside en la ausencia de mecanismos de evaluación es abstraer el problema de las condiciones que lo provocan. Una propuesta de evaluación de la calidad de la educación mientras los docentes están reclamando lo mínimo indispensable para llegar a fin de mes, donde a muchas de las familias de los alumnos apenas si sus ingresos les alcanzan para comer, donde los edificios escolares están en pésimas condiciones y la falta de materiales e insumos es una constante; proponer esto y no mencionar nunca en las más de sesenta líneas que tiene la nota la palabra presupuesto, sin duda tiene otros objetivos. En definitiva, se trata de volver a introducir en el imaginario social los planes de los organismos de crédito internacionales para el sector educativo, o sea, la lógica del mercado y la (falsa) competencia aplicada a la educación.