Reformas tramposas

Reformas tramposas

No hizo falta mucho tiempo para que la Ley de Financiamiento educativo mostrara su verdadera cara. La dirigencia sindical que apoyó la norma hoy plantea la necesidad de reformar una ley que tiene menos de dos años demostrando su incapacidad y limitación política.

Ya lo habíamos anunciado. La Ley de Financiamiento Educativo era una trampa estructural e ideológica. Estructural, porque postergaba hasta el 2010 el incremento del presupuesto educativo cuando los recursos hoy ya están disponibles (superávit fiscal) y subordinaba este aumento presupuestario al acuerdo o no entre las castas de los gobiernos nacionales y provinciales por intermedio de la coparticipación federal. Ideológica, porque la sanción de esta ley le permite hoy al gobierno y a su candidato en la ciudad de Buenos Aires explotarla en su propio beneficio con el objetivo de ganar adeptos para las elecciones del 3 de junio y para las nacionales de octubre. Ideológica también porque operó como un freno y un quiebre para las luchas de los docentes que depositaron sus esperanzas en un nuevo marco legal que por fin diera respuestas a sus justos reclamos.

Cuando esta ley fue promulgada, los dirigentes sindicales que militaron su sanción, los mismos que hoy son repudiados por las asambleas docentes e insultados en todas las movilizaciones, decían: “Es un hecho histórico: volver a tener al Estado nacional como cogarante del financiamiento de la escuela pública" (Yasky, CTERA); "Con esta ley la provincia de Buenos Aires tiene la posibilidad de avanzar" (Baradel, SUTEBA). Un comunicado de la CTERA, señalaba: “Expresamos nuestra satisfacción ante este trascendental hecho que permitirá comenzar a superar el proceso de pauperización al que fue sometida la escuela pública a partir del gobierno menemista y que se materializó en una nefasta Ley Federal de Educación que provocó la mayor fragmentación y desigualdad que haya vivido la educación pública argentina”.

A pesar de las numerosas críticas que recibió la nueva normativa, la burocracia sindical, aliada y cómplice del gobierno, hizo oídos sordos. Hoy, a sólo 15 meses de su promulgación, mientras se suceden conflictos en varias provincias, con la mayoría de los docentes descontentos y la dirección de CTERA cuestionada por su política de abandono y aislamiento de las luchas provinciales, Hugo Yasky planteó en la edición del diario La Nación que sino se debate el tema de la coparticipación se necesitará la "reformulación de la ley de financiamiento educativo". Además, afirmó que se debería empezar a discutir el año que viene, "para tener definido el tema en 2009 y aprobar a fines de ese año una nueva ley de financiamiento". Sí, una nueva ley a sólo meses de haberse sancionado aquella que ellos reclamaban ¿Acaso no decían ellos que estábamos frente a un “hecho histórico”, un “hecho trascendental” que permitiría dejar atrás “el proceso de pauperización al que fue sometida la escuela pública”?

Ante la evidente incapacidad de previsión de los dirigentes sindicales, la periodista le señaló al actual Secretario General de la CTA si ellos no habían estimado que la ley de financiamiento no bastaría para cumplir con las metas: “Lo veíamos -respondió Yasky-, pero creemos que primero debe estar la definición política de qué educación queremos y, en función de eso, garantizar los recursos, y no al revés, como siempre se hizo”. Que se haya hecho al revés, ¿significa que siempre se garantizaron los recursos? ¿El problema entonces era la ausencia de una definición sobre “qué educación queremos”? La educación que queremos no la vamos a obtener de un gobierno corrupto y represor que acumula reservas en el Banco Central a costa del hambre de los trabajadores ni de los dirigentes sindicales especializados en la conciliación permanente cuya moneda de cambio son las reivindicaciones de quienes están frente al aula todos los días.