¿Nueva Ley Nacional de Educación?
¿Nueva Ley Nacional de Educación?
Finalmente, se sancionó la (¿nueva?) Ley Nacional de Educación y no podíamos dejar de mencionar algunas cuestiones. Sobre todo porque, como era de esperarse, una vez más se hizo a espaldas de la sociedad y de los trabajadores docentes. La nueva norma que reemplazará a la Ley Federal de Educación fue aprobada ayer en Diputados y ya lo había sido el miércoles 6/12 en Senadores. Tamaña responsabilidad social y política les demandó a los (supuestos) representantes del pueblo argentino, unos pocos días. Pudieron hacerlo así –rápido, con un único proyecto para discutir y sin modificaciones- gracias a la farsa del consenso organizada por el gobierno y la burocracia sindical que consistió, básicamente, en una serie de jornadas de discusión y debate desarrolladas en las escuelas entre docentes, padres y alumnos. Supuestamente de allí saldrían los lineamientos generales de la nueva normativa que daría certificado de defunción a la Ley Federal –de la cual Filmus y su equipo técnico fueron asesores-. Donde pudieron realizarse esas jornadas –en muchos establecimientos no se hicieron porque no se recibió el documento o llegó muy tarde-, las críticas al gobierno, a su anteproyecto cargado de eufemismos y reivindicaciones mercantilistas y clericales, y a la metodología de consulta, fueron abrumadoras. Ninguno de los reclamos de la comunidad educativa fue satisfecho. Ninguna de las críticas fue dada a conocer a la opinión pública. Obturadas por los burócratas traidores o ninguneadas por el gobierno y los medios –casi ninguno dijo nada de la multitudinaria Marcha Nacional Educativa del 15/9 en contra del proyecto de Kichner- Filmus-Yasky-, las reivindicaciones docentes sobre su salario, sus condiciones de trabajo y el sistema educativo siguen tan lejos como con la anterior ley. Sabemos que no es una cuestión de una norma u otra sino del sistema y sus gurúes. Y para muestra, en este caso, sólo bastan dos botones de esta ley: cómo se (des)financiaciará el sistema educativo y en qué consiste su (falsa) unificación.
La llave maestra está en los recursos y el Estado nacional sólo financiará una mínima parte del presupuesto educativo. En el país del súper superávit, y al igual que con la Ley Federal, se dejará la mayor parte del presupuesto educativo en manos de las administraciones provinciales, que a su vez dependen del gobierno nacional por medio de la coparticipación federal. En los hechos, esto significa que el sistema educativo seguirá siendo provincial, como también establecía la Ley Federal, y que se seguirán generando desigualdades manifiestas entre cada distrito, ya que la calidad del sistema educativo de cada provincia dependerá del acuerdo de turno entre la camarilla con asiento en la Rosada –la que maneja la caja- y los señores feudales de las provincias -que deciden hacia dónde va cada moneda-. Así, la unificación del sistema educativo constituye sólo una formalidad que continuará haciendo agua por todos lados. Si no, veamos: cada provincia deberá decidir si la secundaria será de 5 o de 6 años y, además, está estipulado que los Institutos de Formación Docente continúen dependiendo de los estados provinciales. En definitiva, ni nueva ni nacional.
Finalmente, se sancionó la (¿nueva?) Ley Nacional de Educación y no podíamos dejar de mencionar algunas cuestiones. Sobre todo porque, como era de esperarse, una vez más se hizo a espaldas de la sociedad y de los trabajadores docentes. La nueva norma que reemplazará a la Ley Federal de Educación fue aprobada ayer en Diputados y ya lo había sido el miércoles 6/12 en Senadores. Tamaña responsabilidad social y política les demandó a los (supuestos) representantes del pueblo argentino, unos pocos días. Pudieron hacerlo así –rápido, con un único proyecto para discutir y sin modificaciones- gracias a la farsa del consenso organizada por el gobierno y la burocracia sindical que consistió, básicamente, en una serie de jornadas de discusión y debate desarrolladas en las escuelas entre docentes, padres y alumnos. Supuestamente de allí saldrían los lineamientos generales de la nueva normativa que daría certificado de defunción a la Ley Federal –de la cual Filmus y su equipo técnico fueron asesores-. Donde pudieron realizarse esas jornadas –en muchos establecimientos no se hicieron porque no se recibió el documento o llegó muy tarde-, las críticas al gobierno, a su anteproyecto cargado de eufemismos y reivindicaciones mercantilistas y clericales, y a la metodología de consulta, fueron abrumadoras. Ninguno de los reclamos de la comunidad educativa fue satisfecho. Ninguna de las críticas fue dada a conocer a la opinión pública. Obturadas por los burócratas traidores o ninguneadas por el gobierno y los medios –casi ninguno dijo nada de la multitudinaria Marcha Nacional Educativa del 15/9 en contra del proyecto de Kichner- Filmus-Yasky-, las reivindicaciones docentes sobre su salario, sus condiciones de trabajo y el sistema educativo siguen tan lejos como con la anterior ley. Sabemos que no es una cuestión de una norma u otra sino del sistema y sus gurúes. Y para muestra, en este caso, sólo bastan dos botones de esta ley: cómo se (des)financiaciará el sistema educativo y en qué consiste su (falsa) unificación.
La llave maestra está en los recursos y el Estado nacional sólo financiará una mínima parte del presupuesto educativo. En el país del súper superávit, y al igual que con la Ley Federal, se dejará la mayor parte del presupuesto educativo en manos de las administraciones provinciales, que a su vez dependen del gobierno nacional por medio de la coparticipación federal. En los hechos, esto significa que el sistema educativo seguirá siendo provincial, como también establecía la Ley Federal, y que se seguirán generando desigualdades manifiestas entre cada distrito, ya que la calidad del sistema educativo de cada provincia dependerá del acuerdo de turno entre la camarilla con asiento en la Rosada –la que maneja la caja- y los señores feudales de las provincias -que deciden hacia dónde va cada moneda-. Así, la unificación del sistema educativo constituye sólo una formalidad que continuará haciendo agua por todos lados. Si no, veamos: cada provincia deberá decidir si la secundaria será de 5 o de 6 años y, además, está estipulado que los Institutos de Formación Docente continúen dependiendo de los estados provinciales. En definitiva, ni nueva ni nacional.
1 comentario:
Teniendo en cuenta la importancia del tema, estaría bueno un análisis más detallado de la nueva ley nacional de educación, más un apunte sobre los actores que participan. Los felicito por el material y...... DEJEN DE LABURAR AL CUETE Y DIFUNDAN EL MATERIAL, QUE NO TIENE DESPERDICIO!!!!!!!!
GERMAN.
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